Los hechos dolosos cometidos por funcionarios o servidores públicos —enriquecimiento ilícito, colusión, cohecho, prevaricato, etc.— informados a través de los medios de comunicación deben ser denunciados por
el Poder Judicial.
el Congreso de la República.
el Ministerio Público.
la Defensoría del Pueblo.
la Contraloría General de la República.
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