Los hechos dolosos cometidos por funcionarios o servidores públicos - enriquecimiento ilícito, colusión, cohecho, prevaricato, etc.- informados a través de los medios de comunicación deben ser denunciados por
el Ministerio Público.
el Congreso de la República.
el Poder Judicial.
la Defensoría del Pueblo.
la Contraloría General de la República.
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